Después de generaciones de lucha, cuando por fin las mujeres hemos conseguido los mayores niveles de independencia, formación, e influencia social. Vemos como España encabeza la lista de los países de la UE con la tasa más alta de desempleo femenino de toda Europa (2.358.834 paradas). A pesar de que un 60% de los titulados universitarios somos mujeres, la falta de oportunidades laborales y profesionales para nosotras se ha agravado con la crisis. Obligándonos a aceptar trabajos precarios, temporales y a tiempo parcial, con una fuerte discriminación salarial, forzándonos a asumir como mal menor la pérdida de derechos y categoría profesional.

Puedo contar de primera mano como algunas directivas, después de que su empresa fuese absorbida por “otra entidad con el propósito de reflotarla”, han pasado a realizar tareas de auxiliares administrativas con la consiguiente rebaja no solo de categoría profesional, sino también de sueldo. Otras llevan diez meses trabajando sin cobrar, a cambio de mantener las cotizaciones de la SS, con la ingenua ilusión de llegar cobrar las pensiones de jubilación.

La crisis instalada en España desde hace 5 años, unida a la política de recortes puesta al servicio del mercado capitalista, afecta sobre todo a las mujeres trabajadoras, que vemos como día a día se acentúan las desigualdades económicas, laborales y sociales. Somos muchas las que después de agotar el paro pasamos al empleo sumergido, sin cotización ni protección de la SS. Ante la gravedad de la situación económica, las mujeres de más de 45 años nos hemos reincorporado al mercado laboral, sobre todo en el servicio domestico, como única solución ante la pérdida de empleo de nuestra pareja. Esta es una de las pocas alternativas que nos queda para las que superamos la cuarentena y para las emigrantes.

Las medidas del Plan de Austeridad del Gobierno son injustas y contrarias al fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, ya que pretenden reducir el déficit público a través de la congelación de las pensiones y la disminución de los salarios a los funcionarios públicos. Ajustan el periodo de carencia para tener derecho a la percepción de la pensión hasta 15 años. Reducen la inversión pública en sanidad, enseñanza e infraestructuras. Rebajan drásticamente el presupuesto destinado a la atención de las personas en situación de dependencia, y a la creación de guarderías públicas.

Son un conjunto de medidas que afectan a las personas más vulnerables socialmente: pensionistas, dependientes y para nosotras. Implicarán un retroceso en las políticas de igualdad e integración que repercutirán en las dificultades que ya tenemos en encontrar trabajo y permanecer en el mercado laboral. A medio plazo supondrá un menor desarrollo económico, con peores empleos y personas menos cualificadas.

A pesar de que el conjunto del trabajo remunerado y no remunerado que realizamos indica que trabajamos cada semana seis horas y media más que los hombres, nuestros salarios son un 15% más bajos que los masculinos lo que supone una diferencia salarial de unos 5.323 euros menos al año. Además tenemos que soportar la congelación del salario mínimo, uno de los más bajos de Europa, lo que nos perjudica especialmente, ya que muchas ganamos un 15,5% menos de ese mínimo establecido.

Por último las prestaciones que recibimos en nuestro país, también son un reflejo del nivel de desigualdad con respecto a los hombres. Mayoritariamente percibimos pensiones de viudedad y contributivas a favor de familiares. En contraposición a las de jubilación, que suponen solo un 35,64%. Estos bajos porcentajes indican la precariedad de nuestros contratos laborales y las menores oportunidades de contribuir con nuestras propias cotizaciones. En la mayoría de los casos percibimos un menor importe que ellos, lo que nos conduce a la dependencia económica y a la feminización de la pobreza.

Mª Jesús Mandianes